Historia

La vida Penitenciaria tiene unas características propias de su finalidad – sancionatoria y resocializadora – que hacen que una persona privada de la libertad (PPL) se deba adecuar a las circunstancias con-naturales a la situación de detención.

Las vicisitudes que se presentan en un establecimiento de reclusión son variadas e indeterminadas y no se puede dar el mismo trato, de manera exacta e idéntica, a personas con antecedentes, conducta y situaciones jurídicas distintas. Es lógico y razonable que los establecimientos carcelarios se ajusten al ordenamiento jurídico y por ende se hagan cumplir normas elementales de disciplina interna, que deben ser cumplidas estrictamente por los reclusos, por el personal penitenciario, por los visitantes a cualquier titulo, incluyendo abogados.

El orden penitenciario que enmarca dentro del criterio de la resocialización y para ello es necesaria la disciplina, entendiendo como la orientación reglada hacia un fin racional, a través de medios que garanticen la realización  ética de la persona.

La disciplina, no es un fin en sí mismo, sino una vía necesaria para la convivencia  humana,  elevada a los más altos grados civiles, no anula la libertad sino que la encauza hacia la perceptibilidad racional; se trata de un proceso de formación de carácter.

La vida penitenciaria debe obedecer a un orden pedagógico correctivo: el orden tiende a la armonía; lo pedagógico a la formación y lo correctivo a la resocialización. Si no hay disciplina, no hay armonía no hay formación y no hay resocialización.

En Colombia, a partir del Código Penitenciario de 1964, este cuerpo quedo con varias funciones puestas en relieve posteriormente por la Ley 32 de 1986 o sea en su estatuto orgánico aquella época. Entre ellas, dos constituyen la esencia de su servicio:

  1. La seguridad y,
  2. La función de auxiliar la resocialización.

El cumplimiento de estos dos encargos requiere personas con un perfil muy exigente. De ordinario se ha creído que la tarea de seguridad se le puede confiar a cualquier persona, cuando se tiene este criterio y así se procede, pasa entonces lo peor, desordenes de toda laya: fugas, motines graves, desarreglos en el orden y desamparo a quienes se les debe brindar seguridad.

Hay que pensar distinto, una persona para atender esta responsabilidad, debe seleccionarse entre aquellas que sean titulares de las mejores cualidades de inteligencia, de manera que puedan entender problemas intrincados, voluntad para no desfallecer ante los obstáculos, de imaginación para arbitrarse sorprender; salud, agilidad y resistencia física, para afrontar con vigor, las rudezas del trabajo.

La población Privada de la Libertad (PPL), para su custodia, vigilancia y seguridad, está integrada  por individuos que se clasifican por sus condiciones de maniobralidad y operatividad, en niveles de seguridad, de impacto y conmoción social, entre otras clasificaciones más que se derivan de acuerdo a lo señalado en la normatividad vigente y la Jurisprudencia de las altas Cortes; cada miembro de esta población reclusa con intereses y necesidades propias que deben ser atendidas por el personal penitenciario, circunstancias que derivan actuaciones exhaustivas y que requieren un personal altamente calificado, profesional y experto en cada una de las actividades que se derivan de su misionalidad.

Esta misión es relevante y requiere de capacidad para lograr el equilibrio entre la aplicación del principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios y la garantía de los derechos humanos, es una reto permanente para responder también a actos de violencia con ecuanimidad y profesionalismo. El trabajo en los establecimientos penitenciarios es un servicio público especializado, con personal formado y capacitado para el cumplimiento del postulado legal de la resocialización y reinserción y así contribuir en una de las finalidades del Estado Social de Derecho, como es el de bienestar, seguridad ciudadana.

Evolución Histórica

 En el siglo XIX en Colombia surgió un nuevo sistema judicial de corte republicano caracterizado por el uso generalizado de la cárcel como forma esencial de castigo para el delito. Los legisladores expresaron el interés del gobierno por hacer del castigo un instrumento intimidatorio y ejemplarizante, al más claro estilo colonial.

En el año 1871, en la provincia de Lorica, durante una visita que realizó el presidente del Estado y su secretario general a la cárcel de la municipalidad, se ‘toparon’ con el hecho de que la edificación constaba de una sola pieza, construida con cañas, totalmente insegura, y lo más grave, ni siquiera era propia sino arrendada por el municipio. La única seguridad que prometía dicha cárcel consistía en que los reos se encadenaran en la barra que allí existía. En su informe sobre esta visita los funcionarios anotaron que “todos están colocados en la barra de un pie. No hai libro de entradas y salidas, ni relación de presos, ni puede haberla porque el alcaide no sabe leer ni escribir”.

El Estado republicano creó un sistema penitenciario dependiente del poder ejecutivo y estrechamente conectado con la administración de justicia, que consistía en una serie de distritos penales conformados por centros de reclusión diseñados para atender las necesidades punitivas locales, cantonales y regionales.

“El origen del guardián se pierde en la bruma de los tiempos. En varios pasajes del antiguo testamento se menciona, no su nombre, pero si su oficio. Entre nosotros, durante la época de la colonia, existieron los lugares de detención y pena. Eran fétidos socavones donde inclusive puede encarnizarse con atroz sevicia la inquisición sobre seres desnudos y hambrientos, víctimas de la arrogancia española. Allí prestaban el servicio de carceleros, soldados del ejército virreinal. Pero mejor no hacer reminiscencia de tan negras páginas y más bien dar un salto a la nueva Republica que nace el 20 de Julio de 1810 en un parte glorioso, asistido por los próceres de la Independencia, muchos de los cuales, más tarde, acabaron dando con su muerte, la vida de nuestra libertad”[1]

La Ley 2ª de 1811 hizo mención de los presidios y de su vigilancia pero la Policía de Prisiones nace prácticamente ya para los tiempos de la República, en el seno de la Policía de Salubridad, fundada por el General Francisco de Paula Santander. Su aparición quedó consagrada en la ley sobre la “Organización y Régimen Político y Económico de los Departamentos y Provincias de la República”, expedida por el Congreso y sancionada el 11 de marzo de 1825 por Santander como Presidente encargado, debido a la ausencia del Libertador que a la sazón se hallaba organizando al Perú, y combatiendo a los españoles. A partir del 20 de marzo de ese año, las municipalidades quedaron encargadas de esta Policía de Salubridad, cuyas funciones fueron entre otras, la atención de hospitales, casas de beneficencia, cárceles y conservaciones de las fuentes públicas[2].

En el siguiente año, 4 de abril, se expide la ley que clasificó “los negocios que corresponden a cada una de las 5 Secretarias del Estado del Supremo Poder Ejecutivo de la República”, que su artículo 13 dispuso que la Secretaría de Estado del Despacho del Interior conociese, entre otros, de los asuntos relacionados con los hospitales, cárceles, presidios, casas de misericordia, de beneficencia, y de corrección como también lo relativo a la fundación y conservación de dichos establecimientos.

El General Bolívar, el 14 de marzo de 1828, expide un decreto por medio del cual funda los centros de corrección en algunas capitales provisionales, instauro la cárcel como sitio de castigo con privación absoluta de la libertad, y estableció los trabajos forzados a favor del Estado, sin ninguna remuneración para el preso.

El Presidente José Ignacio de Márquez, en 1838, sancionó la nueva legislación penal y como parte de ella un estatuto para prisiones, teniendo como base la resocialización del delincuente, comenzando por su clasificación según el delito. Se buscó que los presos gozaran de alojamientos cómodos y se recurrió a la adaptación de edificios públicos, conventos e inclusive se arrendaron casas particulares. Los trabajos se organizaron de manera que hubiera ocupación máxima, en obras de gobierno, de particulares o en talleres y artesanía al interior de las cárceles.

Hubo una gran preocupación en la selección y nombramiento de los directores y del personal de vigilancia. Se estableció la obligación de las visitas a las cárceles por las autoridades oficiales. Los presos solventes se costeaban la estadía y mantenimiento y se organizaron las marchas de auxilio en favor de los presos necesitados.

En los años sucesivos hasta 1905 poco se sabe sobre prisiones salvo la creación de algunos presidios.

El General Rafael Reyes, firmó el Decreto Legislativo Nº 9 el 21 de enero de 1905, creando colonias penales y militares, estableciendo un custodio para 15 reos y en cada colonia un médico, un capellán de culto católico y dos maestros de escuela. Se destacan algunas disposiciones favorables a los presos, por ejemplo, debíase procurar el mejoramiento moral, inculcando ideas y hábitos de respeto a los derechos de los demás, de laboriosidad y honradez, empleando medios compatibles con la seguridad. Así mismo, debían ser ocupados talleres, actividades agrícolas y las mujeres en oficios fabriles; igualmente, se estableció impartir los conocimientos usuales que se enseñaban en las escuelas públicas primarias a quienes lo necesitaban, y a hacerles ejercicios espirituales con excepción de aquellos que los rehusaren.

Entre las prohibiciones figuraba la de consumo de licores embriagantes; las visitas solo se concedían por graves motivos de necesidad, no se permitían el manejo de dinero y se les imponía someterse a la reglamentación de seguridad. El acto Legislativo Nº 3 de 1910, reformatorio de la Constitución de 1886 prohibió imponer la pena capital.

La Ley 35 de 1914, expedida en la presidencia del doctor José Vicente Concha, nacionalizó las casas de presidio y reclusión para las penas impuestas por el poder judicial o para detener a los sumariados.  Estableció que “los guardias que hayan para la custodia de las penitenciarias, serán exclusivamente para este objeto y dependientes de la Dirección de la Penitenciaria. Los individuos que las formen, serán también vigilantes y tendrán la responsabilidad de la conducta, moralidad y orden, así como la seguridad de los presos”.

Esta ley creo la “Dirección General de Prisiones” encargada de la organización del ramo de prisiones, formación de los reglamentos de las prisiones, de la inspección y fiscalización de los mismos, del levantamiento de la estadística penal, de decretar la construcción y mejoramiento de los edificios y de las demás funciones que le señalara el gobierno.

En 1934, presidente Enrique Olaya Herrera expidió el Decreto Ley 1405, en ejercicio de las extraordinarias facultades conferidas por la Ley 20 de 1933, constituyéndose en un estatuto muy avanzado pero poco desarrollado. Contenía disposiciones de los empleados, conceptos de disciplina, trabajo y estudio, creó el consejo de disciplina y dividió las colonias penales en colonias primera y segunda clase, para el tratamiento inicial y final del recluso con un régimen diferencial.

Durante toda la historia de prisiones, el guardián siempre fue mirado con desprecio, mezquinamente remunerado y subestimada su función. Nadie se preocupaba por ella. Existían guardianes, pero no guardia organizada. Eran hombres sueltos, impuestos por los caciques políticos y por ellos mismos relevados, según sus conveniencias electorales o intereses personales. Esta situación, penosamente lamentable, de individuos que no sabían siquiera firmas o de edad provecta, enfermos, totalmente ineptos para desempeñar su tarea, fue al que se describió en la obra “Custodia de las prisiones en Colombia”:

“En 1963, al visitar por primera vez las cárceles, en ejercicio de nuestras funciones, encontramos con sorpresa a los guardianes, en condiciones lastimosas, con el pie al suelo, sombreros de paisanos, barbados, sin motilar y desprovistos de armamento. Eran figuras grotescas, disfrazadas, con raras prendas militares descartadas por viejas, o del resto confundiéndose por su vestimenta con los criminales que vigilaban o en peores condiciones que éstos, quienes se trajeaban mucho mejor.

Indagando sobre su vida y sus costumbres, se encontraban angustiosas necesidades, algunas de las cuales estos hombres cubrían, contrayendo compromisos que rebasaban en mucho, sus capacidades económicas; se debatían entre la preocupación de sus carencias y la desfachatez, por el cinismo de su conducta, con la comisión de faltas graves y frecuentes delitos, ejecutados a la sombra, de la indiferencia o la complicidad de sus jefes. Aquella guardia se disipaba en una conducta ominosa, que colocó ese cuerpo en el desprecio de la conciencia ciudadana.

 Semejante estado de cosas no podía prolongarse sin un serio detrimento de la justicia y de la resocialización. Se hizo pues una campaña depurativa; se recuperaron para el buen servicio a quienes reaccionaban positivamente a los estímulos de la moralización; se expulsaron a los indeseables; se adquirió armamento y se distribuyeron uniformes, exigiéndose que la vigilancia no podía cubrirse, sin usarlos y sin llevar la respectiva identificación puesta en lugar visible; los sueldos se aumentaron tanto para ellos como para el personal administrativo, se expidió el reglamento disciplinario, también los de protocolo, uniformes, armamento y táctica carcelaria. Se prohibió el ingreso de personal con jerarquía. Esto era desmoralizador, pues por encima de los guardianes y suboficiales con varios años de servicio, se daban de alta a ciertos “personajes”, que se trepaban por influencias, a grados superiores. Se frustraban de este modo, los esfuerzos y esperanzas de quienes habían aspirado por largo tiempo, a su justo y merecido ascenso.

 El gobierno fue revestido de facultades extraordinarias con el fin de llevar a cabo la reforma judicial, dentro de la cual se incluyó la reforma al Código Penitenciario o sea al decreto Ley 1405 de 1934. Esta coyuntura se aprovechó para organizar el personal del Custodia y Vigilancia Carcelaria, en un cuerpo jerarquizado, conjuntamente con el resto del personal administrativo, a través de la carrera penitenciaria, consagrada en el nuevo Decreto 1817 de 1964.

 El personal de guardia quedo conformado por oficiales, suboficiales y guardianes. Se regulo su ingreso sólo a partir de la base, esto, es, en el rango de guardián subalterno, previa conformación del curso respectivo; se fijaron los tiempos mínimos en cada grado, sin que se pudiera conferir éste con prescindencia del orden jerárquico, riguroso y quedaron encuadrados dentro de la carrera, una vez obtenido el correspondiente título de idoneidad, expedido pro al Escuela Penitenciaria.

 En esta nueva organización se introdujo una innovación que intentamos varias veces hacer por aquellos años en la Policía Nacional, pero sin tener éxito. Se obtuvo el consentimiento de la “Comisión Penitenciaria”, para proponer en el proyecto que se estudiaba, la carrera lineal de los ascensos, es decir, que el guardián subalterno, con el lleno de los requisitos pudiese ascender, desde su base hasta el vértice del más alto grado en la jerarquía de oficiales. Como se recordara el suboficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional estaba condenado a mantener este estatus, por la prohibición expresa en aquel entonces, de que hiciera tránsito a la categoría de oficial. Prácticamente se reflejaban entonces en los tres estamentos de oficiales, suboficiales y policías o soldados, las tres cases sociales, bien definidos entre nosotros: le élite, la clase media y el proletariado.

 Era eso lo que queríamos liquidar y se pudo hacer en la guardia. El estímulo tenía un gran significado social y en su momento fue revolucionario. Sin embargo este logro tan importante, no se aprovechó por falta de reglamentación debida y por descuido en la formación de los cuadros de mando, lo cual ha retardado sensiblemente la organización y eficiencia del servicio de la vigilancia de prisiones.

 Siempre con referencia a aquella época de la organización de la guardia, se hicieron todos los esfuerzos para estimularla con el reconocimiento de sus méritos, para premiar sus sacrificios y desvelos, exaltando su valor públicamente ante el país. El Gobierno y el Ministerio de Justicia crearon “condecoraciones y distintivos con destino a los guardianes y desde luego, para todos los que cooperen, sobresaliendo, en el servicio carcelario y penitenciario”.

Siguiendo con la evocación histórica, con el Decreto Nº 988 de abril 22 de 1965 se estableció la condecoración “Orden del mérito penitenciario”, en las categorías de extraordinaria, especial, ejemplar, al merito, comendador y oficial; lamentablemente hoy en día no se ha rescatado de nuevo esta orden que tuvo su gran trascendencia institucional. En el mismo se expidió la resolución Nº 3071, creando la Medalla al Valor y los distintivos de antigüedad y de servicios distinguidos. Se crearon la bandera y el escudo de prisiones y se organizó un concurso para el himno de prisiones y su música, que en 1985, se dio a la luz con letra de José Alarcón y Música del maestro Santander Díaz.

El decreto 1020 de 1964 estableció el día del guardián y ordenó se celebración el 29 de junio de cada año.

En 1986 se expide la ley 32 que detenta el estatuto orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia, afianzando su estructura, definiendo sus funciones y aspectos prestacionales.

Naturaleza del Cuerpo de Custodia

Es un organismo que cumple un servicio esencial del Estado, armado, de carácter civil y permanente, al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, e integrado por personal uniformado, jerarquizado, con régimen y disciplina especiales.

Es de admitir que el personal penitenciario en cualquier contexto cumple sus funciones con una diversidad de dificultades, pero en un plano de comportamiento moral, ético y social, enmarcado dentro de rigurosos patrones de conducta que le permita contrarrestar con éxito cualquier acto de corrupción o vulneración a los derechos humanos.

El personal de guardia desempeña un papel muy importante dentro de cada establecimiento: es la columna vertebral de la disciplina y parte esencial del tratamiento, puesto que le corresponde mantener un contacto permanente con el interno, enterarse de todas y cada una de sus flaquezas y virtudes, garantizar la armonía entre ellos, mantener el orden, informar a sus superiores los problemas que han podido suscitarse y la conducta del personal interno bajo su responsabilidad, cuidando con celo las distintas dependencias y lugares estratégicos para que haya paz y armonía.

Si el personal de guardia falla, no hay ninguna probabilidad de conseguir resultados aceptables de la aplicación del programa en desarrollo del estatuto carcelario, porque este personal debe participar de las políticas que se adelantan para la consecución de los fines de la resocialización.

Por ello es tan necesario que quienes se vayan a desempeñar como guardianes sean sometidos antes de ingresar al servicio de prisiones a determinadas pruebas desde su reclutamiento.

El guardián también puede ser consejero del interno y por ello debe dar ejemplo de virtudes, pues los internos son como los niños, imitan indiscriminadamente a los superiores, por lo cual si el buen ejemplo cunde entre ellos, aprenden a respetar las órdenes, los reglamentos y contribuyen con sentido de cooperación al mejoramiento de la institución.

Cuando el legislador decidió reclutar bachilleres, como prenda de garantía intelectual, por tener conocimientos más avanzados, quienes han venido mejorando encontrando en los cuadros de mando  que hoy en día ostentan en su gran mayoría títulos de profesiones liberales, quienes con sus conocimientos técnicos en materia penitenciaria y carcelaria adquiridos como producto de la capacitación y formación en la Escuela Penitenciaria, hacen de su profesión de Custodia y Vigilancia una carrera fulgurante llamada a realizar la transformación del manejo y conducción de las cárceles, preparando positivamente al guardián con programas que tengan relación con los objetivos que deben serlo de la recuperación física y moral de los internos.

Servicio público esencial

El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional cumple un servicio público esencial a cargo del Estado.

En concepto general la función pública es una actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de una entidad que hace parte de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos del cuadro de empleos dispuestos para el cumplimiento de los cometidos estatales. Los tratadistas han direccionado este concepto en sagrado por su delicadeza y responsabilidad que representa en su ejercicio por cuanto estos servidores representan al Estado y a los ciudadanos y a todos los habitantes de la patria, responden por su labor, por el apoyo que deben dar, por la garantía de sus derechos, por la exigencia de sus obligaciones y por la atención diligente de sus demandas, solicitudes y reclamaciones. Por eso el ejercicio de las funciones públicas es significado de cumplimiento, trabajo y diligencia y su compromiso es el de servir y ser útil. Planteamientos estos que no le son ajenos a los servidores públicos penitenciarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

Cumplir con este tipo de comportamiento en la función penitenciaria es un indicador de honestidad, integridad, motivación y sacrificio de los intereses particulares por los institucionales, pues es en el ambiente penitenciario donde más que en cualquier otro tipo de servicio público se pone a prueba la ética, la moral y el compromiso de la persona.

Al decir de Elías Carranza[3], en el reducido y enrarecido margen de las interacciones sociales en cautiverio, las interacciones de las personas privadas de libertad con el personal penitenciario adquieren gran importancia. Y entre las diversas categorías de funcionarios y funcionarias penitenciarias (administrativas,  técnicas y de seguridad) las interacciones con el personal de seguridad son especialmente importantes, porque son las más frecuentes, y porque éste es el personal numéricamente mayor.

Misión del Cuerpo de Custodia y Vigilancia

La ley define como misión del Cuerpo de Custodia y Vigilancia la Mantener y garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los programas de resocialización en los centros de reclusión, la custodia y vigilancia de los internos, la protección de sus derechos fundamentales y otras garantías y en general asegurar el normal desarrollo de las actividades en los centros de reclusión.

De ahí que el personal penitenciario y especial el de seguridad, como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia sea imprescindible, así como su adecuada selección, formación y capacitación en servicio, porque son las personas que más intenso y continuado contacto mantienen con los privados de libertad. Es importante que la poca interacción que los privados de la libertad mantienen con otras personas lo sea con personas íntegras, merecedoras de respeto como seres humanos, entonces los servidores penitenciarios que desempeñan funciones al interior de los centros de reclusión son, con excepción de los compañeros de celda, las personas con quienes los presos y presas tienen interacción. Al respecto, la necesidad de personal adecuadamente seleccionado y capacitado fue señalada como uno de los cinco problemas principales de los sistemas penitenciarios de América Latina por los directores de los sistemas, por los jueces de ejecución de la pena, y por los comisionados de derechos humanos, en el año de 2012.

Profesionalismo

La actividad del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional está regulada por Leyes, decretos, reglamentos y disposiciones especiales que le imponen la naturaleza de una profesión. Reciben educación integral a través de cursos que deben aprobar, respecto de su actividad y funciones.

El profesionalismo de este cuerpo detenta unas características, empezando por la adopción de un concepto ético dentro del que deben administrase las prisiones, todas sus actuaciones deben estar basadas en la dignidad y humanidad de los internos sea quienes fueren y cualesquiera sean sus delitos, sindicados o condenados, empleados o visitantes, tener actitud positiva para un trato decente y humano.

De igual manera  debe conocer muy bien los requisitos de seguridad, manejo de equipos y elementos de la prisión, llevar los registros adecuados y preparar los informes necesarios y comprender la importancia de su contacto directo con los reclusos y que conducta puede esperarse de ellos.

De las aptitudes profesionales, implica Inteligencia para asimilar nuevos conocimientos, fruto de las nuevas técnicas o del resultado de la experiencia diaria, memoria tanto para fijar hechos y detalles, como para revivirlos o recuperarlos, carácter y capacidad de decisión, vinculado al sentido común, capacidad de comunicación, resistencia a la fatiga física y psicológica, autocontrol, capacidad de atención, concentración y mantenimiento del estado de alerta, creatividad, intuición e imaginación para desarrollar su actividad y su estado físico. Junto con las aptitudes ya mencionadas, también es de vital importancia su actitud como el carácter, la forma de ser y el comportamiento, responsabilidad, respeto y dedicación a su trabajo, honradez en sus acciones, disciplina en sus funciones y sinceridad con sus superiores y compañeros. La integridad es exigible  a toda persona, tanto en su plano personal como profesional.

El personal de Custodia y Vigilancia, durante las horas del servicio se encuentra en diferentes contextos o situaciones que van desde las condiciones normales (actividades cotidianas de tratamiento, administración y seguridad se desarrollan de manera habitual) a las de emergencia, para lo que debe mantener una aptitud diferenciadora para cada situación para responder con efectividad en búsqueda de minimizar los riesgos producidos y que pudieran suscitarse.

Funciones

Dentro de las funciones que le corresponde al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, dadas bien por la ley, el reglamento y el manual de funciones por cargos, se destacan las siguientes:

  • Velar por la seguridad, vigilancia y disciplina en los Establecimientos de Reclusión
  • Cumplir órdenes impartidas por autoridades competentes del INPEC
  • Servir como auxiliares en las labores de trabajo, educación y resocialización
  • Cumplir funciones de seguridad y policía judicial
  • Cumplir órdenes y requerimientos de las autoridades judiciales, respecto de los privados de la libertad
  • Custodiar y vigilar a los internos en los ERON, en remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud
  • Requisar a los detenidos o condenados, celdas, sitios de trabajo, paquetes, carga, a los visitantes y empleados conforme al reglamento
  • Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento
  • emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones
  • Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden
  • Garantizar la prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades

Servicios

 En lo que comprende a la ejecución del macro proceso de seguridad penitenciaria, en cumplimiento de su misión el Cuerpo de Custodia y Vigilancia debe cubrir unos servicios especiales que solo competen a su especialidad en la labor a desarrollar, estos servicios actualmente se clasifican en:

  • Seguridad interna y externa de los Establecimientos de Reclusión
  • Servicios especiales de seguridad
  • Servicios de apoyo administrativo.
  • Servicio de apoyo en Tratamiento Penitenciario
  • Servicio de remisiones a diligencias judiciales, conducciones o traslado y trabajo al aire libre
  • Servicio de seguimiento a vigilancia electrónica
  • Servicio de control a detención y prisión domiciliaria
  • Servicio de verificación de información
  • Servicio de remisiones de especial seguridad
  • Servicios operativos de especial seguridad
  • Servicio especial de guías caninos
  • Servicio especial de policía Judicial
  • Servicio especial de comunicaciones

En materia de seguridad penitenciaria, el personal de Custodia y Vigilancia es el encargado de facilitar las condiciones óptimas para desarrollar las acciones de tratamiento penitenciario, el desarrollo de las actividades diarias de la vida normal en prisión, trazando y ejecutando las medidas que garanticen la seguridad integral de las personas, instalaciones y comunicaciones de los establecimientos de reclusión. Por ello es el encargado de hacer cumplir, respetar y proteger la dignidad humana conforme a la ley, manteniendo, defendiendo y promoviendo la defensa de los derechos humanos.

Las funciones del personal de Custodia y Vigilancia no sólo se circunscriben a la vigilancia, también coadyuva en el tratamiento de los internos, mantiene la disciplina e impone las restricciones que sean necesarias de acuerdo a los mandamientos legales vigentes.

Capacitación

La naturaleza jurídica del Sistema Penitenciario, hoy se ha convertido en una rama del saber humano especializado, por lo que se viene hablando de un derecho penitenciario, su pilar fundamental se centra en el tratamiento penitenciario que debe ser coherente desde el punto de vista jurídico, con la finalidad de la pena y definir cuál debe ser el régimen jurídico aplicable a los agentes que cumplen funciones penitenciarias: directivas, operativas o logísticas e incluso de ejecución de penas; así como la determinación y análisis de las estructuras, organismos y dependencias que conforman los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.

Consecuentemente, ante la moderna concepción de la pena, como medida readaptadora, sobre la base de un tratamiento, es absolutamente necesario contar con el personal penitenciario con capacidad profesional para llevar a cabo dicha función y garantizar a la vez una adecuada gestión administrativa que le permita cumplir las funciones que le son propias. De ello se infieren las tres áreas fundamentales en las que se necesita capacitar al personal para cumplir de manera más eficiente con la misión encomendada: el Tratamiento Penitenciario, la Seguridad Penitenciaria y la Gestión Administrativa.

Para alcanzar dichos fines,  el Servicio Penitenciario, se avoca en la formación del personal para producir un cambio en el hombre y en toda la política institucional, abordando las áreas vertebrales del sistema para lograr una formación específica que le posibilite, en este caso, comprender la dimensión de su rol profesional y social, y le aporte los conocimientos específicos para realizar una asistencia o tratamiento eficaz en un marco de seguridad adecuado para la concreción de la misión penitenciaria, y una administración ágil y de avanzada. Es así como en nuestra Institución se ha situado la búsqueda permanente de un funcionario capaz de acompañar y aplicar la legislación vigente en materia penitenciaria, en un sistema en donde priorita al hombre y la libertad, que parte de la premisa de que quien ingresa a la cárcel es un hombre portador de una historia personal y social y no simplemente una categoría legal, y de un concepto de libertad no necesariamente restringido, dentro del ámbito institucional que posibilita el ejercicio de la responsabilidad al interno y el respeto a la dignidad de la persona. Los límites están dados únicamente por la necesidad de prevenir un mal mayor y nunca con un criterio retributivo que por su obligada implicancia de castigo pueda determinar en la práctica un sistema represivo, inadecuado y anacrónico.

De ahí que lo importante sea el de dotar al personal penitenciario del conocimiento Interdisciplinario que le posibilite abordar toda la problemática. Dicha labor no se puede hacer desde las carreras tradicionales que sólo preparan para un aspecto del problema, como tampoco se puede asignar a cualquier cuerpo el manejo de estos menesteres, porque para alcanzar todos estos fines se requiere de una preparación específica, una experiencia bien andada y una profesionalización penitenciaria que encarna entrega y conocimiento. Aspectos estos fundamentales para alcanzar un tratamiento personalizado y exitoso que es el resultado buscado, la transformación del interno en un hombre capaz de insertarse en la sociedad como un recurso útil y a su vez que ese trabajo impida la reincidencia delictiva, contribuyendo con ello a una mayor seguridad social, sólo puede ser producto de un personal altamente capacitado, con principios éticos firmemente arraigados.

Para su especialización y el ejercicio de la actividad de seguridad penitenciaria y carcelaria, el personal de Custodia y Vigilancia debe recibir una formación, capacitación, instrucción y reentrenamiento profesional para el acierto en el debido manejo de las personas privadas de la libertad, basado en estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, instrumentos internacionales, Constitución Política y en Sistema de Gestión de Calidad, en la Escuela Penitenciaria Nacional.

El personal de Custodia y Vigilancia debe recibir una formación y un continuo entrenamiento técnico para el mejoramiento en el cumplimiento de sus funciones, por lo que la capacitación debe abarcar el empleo de medios de coerción, armas de fuego, equipos de seguridad personal, equipos de comunicación, normatividad y procedimientos en materia de seguridad y derechos humanos, de igual modo entrenamiento en conocer las condiciones y aspectos relevantes de las condiciones de la población privada de la libertad, también recibir constante preparación física en especial de defensa personal, para responder y  reducir en forma oportuna y eficaz a los internos violentos. Así mismo por las dificultades y los riesgos asociados a la actividad penitenciaria, como lo reconocen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos[4], el trabajo del personal penitenciario es agotador, estresante y desgastante para la integridad psíquica y física que requiere un nivel de vigilancia atenta permanente, es importante también una preparación psicológica para el desarrollo de las funciones que le permita identificar oportunamente situaciones de peligro reales o aparentes, garantizando una reacción rápida y óptima.

COMPOSICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA NACIONAL.

 Para efectos del mando, del régimen disciplinario, del cumplimiento de las obligaciones y derechos consagrados, las categorías son las de oficiales, suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y Auxiliares Bachilleres que prestan su servicio militar como apoyo al Cuerpo de Custodia.

Los Oficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, según sus funciones se clasifican en oficiales de seguridad, oficiales logísticos y oficiales de tratamiento penitenciario. Los grados de los oficiales son los de Comandante Superior,  Mayor, Capitán., Teniente; los de los suboficiales, son los de Inspector Jefe e Inspector y los de la categoría de dragoneante, lo son los de distinguido y dragoneante.

El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución.

CATEGORÍAS Y GRADOS. Para efectos de mando, régimen disciplinario, obligaciones y derechos consagrados en este decreto, las categorías de oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y Auxiliares de Guardia comprenden los siguientes grados:

a) Categoría de oficiales:

  1. Comandante Superior.
  2. Mayor.
  3. Capitán.
  4. Teniente;

b) Categoría de Suboficiales:

  1. Inspector Jefe.
  2. Inspector.
  3. Subinspector;

c) Categoría de Dragoneantes:

  1. Dragoneantes.
  2. Distinguidos;

d) Categoría de alumnos y auxiliares de guardia:

  1. Alumnos aspirantes a Dragoneantes.
  2. Servicio militar de bachilleres.

 Oficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional

 Son oficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, formados y capacitados para comandar la vigilancia penitenciaria y carcelaria, dirigir, coordinar y responder por los servicios de orden, seguridad y disciplina en los establecimientos penitenciarios y carcelarios y garantizar el normal desarrollo de las actividades en las dependencias del Instituto. Así mismo, los profesionales con título de formación universitaria conforme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo, con el fin de aplicar sus conocimientos profesionales en el servicio penitenciario y carcelario.

CLASIFICACIÓN DE OFICIALES. Los Oficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, según sus funciones tienen la siguiente clasificación:

  1. Oficiales de seguridad.
  2. Oficiales logísticos.
  3. Oficiales para tratamiento penitenciario.

OFICIALES DE SEGURIDAD. Son oficiales de Seguridad los egresados de la Escuela Nacional Penitenciaria, encargados de la vigilancia y seguridad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios nacionales que tienen como misión dirigir, coordinar y responder por los servicios de orden, seguridad y disciplina en los establecimientos de reclusión y de garantizar el normal desarrollo de sus actividades, ejerciendo con eficiencia y eficacia el mando sobre el personal bajo sus órdenes.

OFICIALES LOGISTICOS. Son Oficiales Logísticos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, los profesionales con título de formación universitaria debidamente reconocido por el Icfes conforme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo, escalafonados en la carrera penitenciaria, previa aprobación del curso de orientación, con el propósito de ejercer su profesión necesaria para la administración de los recursos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y para desarrollar programas de industrialización y mejoramiento de la infraestructura; o los Oficiales de Seguridad que habiendo obtenido el referido título profesional, solicitan al Director General del Instituto servir de apoyo logístico, el cual podrá aprobar el cambio de clase. Quienes obtengan dicho cambio no podrán pertenecer nuevamente a la clase de seguridad.

OFICIALES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO. Son Oficiales de tratamiento penitenciario, los profesionales con título universitario reconocido por el Icfes en las áreas de: Derecho, Psiquiatría, Psicología, Pedagogía, Medicina, Trabajo Social, Antropología, Criminología y demás disciplinas que se consideren necesarias como apoyo a los Consejos de Evaluación y Tratamiento y grupos colegiados interdisciplinarios, con el objeto de que se cumpla la finalidad de la detención preventiva y del tratamiento penitenciario; o los Oficiales de Seguridad que habiendo obtenido el referido título profesional, solicitan al Director General del Instituto servir de apoyo a los agentes de tratamiento, el cual podrá aprobar el cambio de clase. Quienes obtengan dicho cambio no podrán pertenecer a la clase de seguridad.

SUBOFICIALES. Son suboficiales los dragoneantes que hayan recibido y superado los cursos de la Escuela Penitenciaria Nacional, preparados y capacitados, para que ejerzan las funciones de apoyo, cooperación y ejecución de los órdenes del servicio de los Oficiales, en los aspectos de orden, seguridad, disciplina, resocialización y administración.

DRAGONEANTES. Son Dragoneantes los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, que hayan aprobado el curso de formación y hubieren sido propuestos por su Director para ejercer funciones de base, seguridad, resocialización, disciplina y orden de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, los cuales tendrán la obligación de cumplir las órdenes relativas al servicio y a las funciones de los Directores Regionales del Instituto, Subdirectores de centros de reclusión, de los oficiales y suboficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria.

Son distinguidos los Dragoneantes que con un tiempo mínimo de dos (2) años de servicio han sobresalido por sus calidades profesionales y requisitos cumplidos, están capacitados para continuar ejerciendo las funciones de base, seguridad y orden de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Los aspirantes a Distinguidos serán propuestos por los respectivos Comandantes de Vigilancia Regionales a consideración de las comisiones regionales de personal, quienes evaluarán sus méritos y mediante acta las remitirán a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para su aprobación y nombramiento. Esta distinción no constituye grado en la carrera y será reglamentada por la Dirección General del Instituto.

[1] Custodia en las Prisiones de Colombia. Bernardo Echeverry Ossa

[2] Apartes del Libro de “Custodia en las Prisiones de Colombia”, de Bernardo Echeverry Ossa

[3] Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?, escrito de Elías Carranza, Criminólogo, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Costa Rica.

[4] Norma 46 – 3

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